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sábado, 9 de agosto de 2008

Desmantelan una banda que obligaba a mujeres a prostituirse en Alicante

Siete personas han sido detenidas por formar parte de un grupo que coaccionaba a mujeres a prostituirse y a traficar con drogas, y que utilizaba un chalet de lujo de Torrevieja.

EFE La operación desarrollada por la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) del Cuerpo Nacional de la Policía de Alicante, llamada “Hydra”, se ha prolongado durante cuatro meses y ha permitido los arrestos, entre ellos el de la cabecilla de la organización, la española M.E.M.G., de 38 años.

Además, fueron detenidos C.J.S., rumano de 30 años, A.E.V.B.

(42), M.E.G.A. (44), J.C.A.V. (37), M.P.M. (22) e I.R.B. (39), los cinco últimos de varios países sudamericanos.

Se da la circunstancia de tanto la máxima dirigente como su lugarteniente ya tenían una causa judicial abierta por hechos similares, según la Policía.

El grupo obligaba a las jóvenes, extranjeras en su mayoría, a ejercer la prostitución y les quitaba los beneficios que se obtenían.

Para ello, las obligaba a salir acompañadas, a realizar servicios de todo tipo y salidas a hoteles y domicilios, imponiéndoles clientes y horarios abusivos.

Contaban con un chalet de lujo en Torrevieja, aislado del resto de viviendas, y al que los miembros de la organización habían dotado con un complejo sistema de grabación con cámaras para controlar tanto el interior como el exterior, con el fin de permitir la evacuación en caso de la llegada de la Policía.

El operativo permitió liberar a seis mujeres que eran obligadas a prostituirse en el interior del chalet, quienes vivían hacinadas en una habitación con literas en la que había llegado a haber hasta una docena de explotadas.

Se realizaron dos registros domiciliarios en Torrevieja, en los que se hallaron 200 dosis de cocaína, 25 de cristal, 12 de hachís, 25 ampollas de anabolizantes, 25 pastillas de “Viagra”, una balanza de precisión, un triturador de droga para la mezcla y adulteración de la misma.

También abundantes útiles para la manipulación, envasado y distribución de las sustancias estupefacientes, 5.000 euros en efectivo, una pistola con el número de serie limado, una carabina de perdigones, anotaciones contables, cuatro cámaras de vídeo, dos de fotos, prismáticos, siete teléfonos móviles, un turismo BMW y otro Ford Focus.

Está previsto que los detenidos pasen a disposición del juzgado de instrucción número 4 de Torrevieja.

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Agentes de la Guardia Civil detuvieron en la madrugada del viernes a dos individuos acusados de un robo con fuerza en grado de tentativa. Los hechos

VALLADOLID, 9 (EUROPA PRESS) - El matrimonio de nacionalidad rumana detenido en julio en la localidad vallisoletana de Peñafiel, tras ser acusado de obligar a prostituirse a una chica y que ingresó el día 17 de ese mes en el Centro Penitenciario de Valladolid por orden judicial, se encuentra ya en libertad provisional tras haber abonado la fianza correspondiente.

Los acusados, F.P. y M.R.M, residentes en Peñafiel, fueron excarcelados por orden del Juzgado de Instrucción número 2 tras haber satisfecho cada uno de ellos una fianza de 6.000 euros, medida que suscitó el malestar de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (Adavasymt).

Su presidenta, Rocío Mielgo, además de anunciar a Europa Press que el colectivo se personará en el proceso como acusación particular, criticó la puesta en libertad de los acusados debido a la “gravedad de los hechos imputados. Estamos hablando de trata de blancas, de chicas que llegan a España engañadas y que una vez aquí son obligadas a prostituirse bajo amenazas”, sentenció.

El matrimonio rumano fue detenido en julio por efectivos de la Guardia Civil del Puesto del Peñafiel en calidad de autores de un delito de detención ilegal por obligar a una chica a ejercer la prostitución en el club ‘El Castillo’ para pagar el desplazamiento hasta España.

La detención del matrimonio se produjo después de que la chica presentase una denuncia en las dependencias de la Guardia Civil de Aranda de Duero (Burgos).

En la denuncia la mujer explicó que el matrimonio la había sometido, mediante engaño, a practicar la prostitución para pagar, bajo amenazas, una cantidad de dinero por el desplazamiento a España, además de que la tenía privada de libertad y la habían quitado la documentación personal.

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lunes, 4 de agosto de 2008

La Policía Nacional concluye la última fase de la mayor operación policial contra las redes rusas de trata de mujeres en España

En esta última actuación de la Policía Nacional se han detenido a nueve personas, en El Ejido, acusadas de diversos delitos y otras dieciséis mujeres han sido arrestadas al encontrarse en situación irregular.

La investigación se inició a finales del 2006 y ha finalizado con la desarticulación de esta red transnacional dedicada a la explotación sexual y al blanqueo de capitales.

De las 599 mujeres traficadas por esta organización, e identificadas policialmente, tan sólo una veintena han decidido denunciar, como testigos protegidos, ante el temor a represalias de la red.

Treinta de los detenidos están ya en prisión.

La Policía Nacional ha culminado la última fase de la que se ha convertido en la mayor operación policial contra las redes rusas de trata de mujeres en España. Esta última fase, centralizada en la localidad almeriense de El Ejido, ha finalizado con veinticinco personas detenidas, nueve de ellas acusadas de diversos delitos relacionados con la prostitución y los derechos de los trabajadores, y otras dieciséis mujeres detenidas en aplicación a la ley de extranjería y que eran explotadas en los últimos dos clubes de alterne investigados.

La operación “Zarpa” se inició a finales de 2006 y con esta última actuación se ha conseguido desarticular íntegramente a esta red de carácter transnacional dedicada a la trata de personas, para su explotación sexual, mediante amenazas, engaños o aprovechando su especial vulnerabilidad. Además, esta organización blanqueaba el dinero procedente de esta actividad ilícita, transformando el beneficio económico obtenido en diferentes bienes.

En estos casi dos años de investigaciones, la Policía Nacional ha detenido a 99 personas acusadas de diversos delitos relacionados con la prostitución, el blanqueo de dinero y los derechos de los trabajadores. Treinta de ellos están ya en prisión. Además, 599 mujeres, explotadas sexualmente por la red, han sido detenidas al encontrarse irregularmente en nuestro país. En estas tres fases de la operación “Zarpa” se han practicado un total de 82 registros en seis provincias, 26 de ellos en clubes de alterne y los otros 56 en domicilios particulares.

Más de 10.000 mujeres explotadas

La frecuencia de los viajes de los miembros de la red entre Rusia y España, el número de víctimas identificadas, el tiempo que se ha venido cometiendo la actividad delictiva o los envíos monetarios satisfechos, han permitido estimar que más de diez mil de mujeres podrían haber sido traficadas por esta red. Sin tener en cuenta que existe constancia de que se han enviado mujeres a otros países como Italia, Grecia, Japón o Corea.

Del total de mujeres traficadas calculado, se ha identificado a 599 en los 26 clubes investigados en España, ofreciéndoles denunciar su condición de víctimas. Únicamente se han acogido a esta posibilidad una veintena de ellas, declarando como testigos protegidos, lo que es indicativo tanto de su temor a las posibles represalias como de la situación de total desarraigo y exclusión social en que las mantiene la red criminal.

Fruto de dos años de investigaciones

La investigación comenzó a finales de 2006, cuando la UCRIF Central y la UCRIF de Almería detectaron un flujo significativo de dinero entre esta provincia y Rusia. El analisis de los envíos y las primeras investigaciones permitieron concluir que guardaban una estrecha relación con determinados clubes de alterne. De este modo resultó no sólo que el dinero enviado había sido generado por la prostitución a que se obligaba a multitud de ciudadanas rusas, sino que con el mismo se “compraba” a las redes rusas nuevas mujeres a las que explotar sexualmente en el futuro.

Los agentes analizaron uno por uno envíos de efectivo que superaban los dos millones y medio de euros, lo que permitió detectar la implicación de más clubes de alterne.

Estos clubes estaban generalmente regentados por parejas sentimentales o matrimonios hispano-rusos. Lo habitual es que el hombre –español- se encargara de la gestión propiamente dicha del local y que fuera la mujer –de origen ruso- quien llevara los contactos con los traficantes o captadores de víctimas en Rusia. Para ellos trabajaban otras mujeres rusas, bien como encargadas de los locales, como camareras o controlando a las mujeres explotadas sexualmente. Son las responsables de evitar fugas o denuncias y garantizar que las víctimas cumplan su cometido. Estas controladoras eran en muchos casos antiguas víctimas de la red que, sin dejar totalmente de ejercer la prostitución, suben un peldaño en la jerarquía piramidal de la red criminal.

Del análisis de la documentación intervenida y la situación financiera de los encartados se calcula que cada club podría ingresar más de medio millón de euros cada año.

Este volumen de ingresos provocó que en torno a algunos de los clubes se organizasen entramados societarios y se interpusieran testaferros u hombres de paja. Estas prácticas pretendían que el dinero obtenido ilícitamente se introdujera en la corriente financiera legal, es decir, blanquear las ganancias obtenidas de la prostitución ajena y, paralelamente, ocultar a las autoridades la propiedad real de los establecimientos. Las sociedades también facilitaban ofertas de empleo a miembros rusos de la red –muchas veces sin contenido real-, que les permitían obtener permisos de residencia y trabajo en nuestro país que de otro modo no se les concederían.

Efectos intervenidos en las tres fases

  • 32 vehículos, en su mayoría de gama de alta
  • 360.000 euros
  • 2 armas largas y 2 pistolas detonadoras
  • 24 ordenadores
  • documentación probatoria de la actividad criminal

La operación ha sido realizada por agentes de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales, de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, junto con distintas plantillas de las provincias de Almería, Gerona, Granada, Lérida, Cáceres y Jaén, y con el apoyo de la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios de la Comisaría General de Policía Judicial

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