“Directiva de retorno: no se ha aplicado ni se va a aplicar nunca en España. Nunca. Nunca. Que quede bien claro”. Los aplausos, ayer, en un foro internacional de mujeres en Santo Domingo (República Dominicana) sellaron esta taxativa afirmación de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, sobre la norma europea que dilata la estancia de inmigrantes irregulares en centros de internamiento. En su viaje oficial por cuatro países latinoamericanos, la número dos del Ejecutivo explica la política migratoria española. Este tema es muy sensible en República Dominicana, un país que encabezó la primera gran oleada de inmigrantes a España y que ahora es el sexto país en número de residentes legales latinoamericanos, con casi 75.000, según fuentes del Gobierno.
La recién aprobada directiva europea de retorno establece que los inmigrantes ilegales puedan ser confinados en centro de internamiento hasta 18 meses. Fue muy contestada por la izquierda europea, pero contó con el respaldo de 16 votos socialistas españoles. España tiene un límite de 40 días para el internamiento, pero planea dilatarlo a 60.
“La directiva es una norma que introduce en toda Europa garantías donde no las había”, se explicaba De la Vega con afán didáctico ante una treintena de delegadas en un encuentro sobre igualdad de una agencia de las Naciones Unidas, “para abordar la inmigración irregular, y también, lo que ha sido muy criticado, un periodo de internamiento que es muy largo a nuestro juicio. Pero fija un límite para países donde no había ningún límite. ¿Se va a aplicar en España? No. Nunca, porque en España tenemos una legislación mucho más garantista. No es aplicable esa norma a los inmigrantes latinoamericanos, ni en España ni creo que fuera”.
“Por lo tanto, absoluta tranquilidad”, prosiguió, “esa normativa va dirigida a países del norte de Europa que no tenían recintos ni garantías en el tratamiento de la inmigración irregular. Nada va a cambiar”.
La número dos del Gobierno, a preguntas de la delegadas, desgranó también los detalles del programa de retorno que prepara el Ejecutivo y que prevé que los inmigrantes en paro reciban en una entrega toda la prestación de desempleo para que vuelvan a su país. “Es voluntario”, aclaró, “no se trata de imponer ni de restringir, sino de ayudar a superar las dificultades que tenemos”. Se refería a la crisis económica y la pérdida de empleos en sectores con fuerte presencia inmigrante, como la construcción.
El tercer tema que De la Vega explica en su periplo por México, República Dominicana, Haití y El Salvaror es el proyecto de que los inmigrantes voten en las elecciones municipales. En el caso de la República Dominicana, para cumplir el principio de reciprocidad que establece que los residentes españoles también puedan votar, no se necesita una reforma constitucional, como en México.
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