El fiscal ve «dramática» la situación de los menores inmigrantes en Canarias

El fiscal coordinador de menores de la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Campos, señaló ayer en La Gomera que la situación por la que pasan los menores inmigrantes no acompañados es «dramática». Campos destacó que, desde el punto de vista legal, se respetan los derechos establecidos en la ley de protección jurídica del menor y se intenta respetar un circuito de manera que se pueda normalizar el problema, pero «lo que ocurre es que cada día se dan situaciones nuevas y por ello las administraciones se ven desbordadas, si bien en general la situación está dentro de la legalidad», dijo. Por otro lado, Campos subrayó que esta problemática tiene «un cariz humano, social, especialmente dramático en el que se necesita la colaboración de la administración, entes sociales y órganos judiciales». Según cree, una cosa es la ley y otra la realidad física: «Un menor que lleva tres días en España tiene unas dificultades enormes por el hecho de no conocer el idioma o porque no tiene asistencia adecuada, debido a que en algunos casos puede haber un auxiliar de enfermería para 300 niños». Esto tiene un agravante y es que en el último año se ha producido un gran aumento en las llegadas: «La legalidad se intenta cumplir, pero la Constitución también dice que tenemos derecho a una casa y a un trabajo, pero no siempre se cumple». La situación de los menores no acompañados en Canarias está «mucho peor» que en el resto de las Comunidades Autónomas, por la situación de ser «un territorio insular, fragmentado y ultraperiférico», sostuvo. «Una medida positiva» Por su parte, Nelson Díaz, juez de los Juzgados de Instrucción de Arona, afirmó que la nueva directiva europea sobre inmigración le parece «una medida positiva», porque hay hasta nueve países de la UE que no tienen un plazo legal máximo para tener retenidos a los extranjeros que llegan de manera clandestina en los centros de internamiento. Esto no ocurre en España, donde el plazo máximo es de 40 días. «Sin embargo, hay otros países, como Suecia o Malta, donde no hay límite y donde podrían estar retenidos durante años», señaló el magistrado. Por eso, encuentra positiva la fijación de un plazo de entre 6 y 18 meses, «para armonizar las legislaciones de los países miembros en esta materia». En cuanto a la llegada de inmigrantes clandestinos, destacó que son detenidos por una infracción administrativa: «Entrar en un país, de la forma en que lo hacen no es por tanto un delito, aunque sí lo es lo de los patrones de los cayucos, porque cometen el delito de cobrar para introducir personas en territorio europeo de manera ilegal». Según Díaz, el objetivo de la nueva directiva es controlar los flujos migratorios y obstaculizar las tareas de las mafias, «además de asegurar la devolución de las personas a sus países de origen».

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