La avalancha de menores irregulares en Canarias pone en jaque al Gobierno

Madrid – La llegada en cayuco de 151 irregulares este fin de semana ha puesto al límite los centros de internamiento de Canarias, lo que ha empujado al ministro de Trabajo a pedir de nuevo la «solidaridad» de las demás comunidades autónomas para aliviar la situación.
Celestino Corbacho manifestó ayer en la Expo de Zaragoza, donde hizo de anfitrión del vicepresidente de Uruguay, Rodolfo Nin; que el archipiélago padece las consecuencias de ser «la puerta de entrada de España y de Europa». El titular de Trabajo ya mandó una carta a las CC AA en la que solicitaba el acogimiento de unos 200 menores subsaharianos retenidos en Canarias y cuyos expedientes de repatriación no se han ejecutado por desconocerse su filiación.
El fiscal de Menores de Tenerife, Manuel Campos, manifestó que la devolución de irregulares de menos de 18 años es «inexistente» desde 2004, debido «a las dificultades que ponen sus países de origen», y dijo que sus condiciones son «dramáticas» por la saturación de los centros de internamiento, aunque no ofreció cifras.
Los menores no pueden ser repatriados porque carecen de documentación, tanto en España como en sus países, además de que no revelan su nacionalidad porque saben que así será más difícil devolverles. Para determinar su edad, son sometidos a exámenes óseos, y se intenta averiguar su origen con la ayuda de intérpretes.
Desde el Centro de Acogida de Granadilla (Tenerife), coinciden en que la situación es «crítica». «Se rumorea que van a volver a repatriar a menores», pero, entretanto, un 30% de la población del municipio es ya subsahariana. La mayoría son menores. «Con la crisis y el paro, están por las calles. Si se enteran de que hay una cama libre, vienen enseguida a ocuparla por su propia voluntad», destacan.

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